Los trabajadores y trabajadoras de
FAISEM es una fundación pública patrocinada por cuatro consejerías del Gobierno andaluz, la de Sanidad, la de Igualdad y Bienestar social, la de Hacienda y Administraciones Publicas y la de Empleo y Desarrollo Tecnológico.
Con la aplicación del Decreto-ley 2/2010, de 28 de mayo, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público, el Ejecutivo andaluz ha decidido recortar los presupuestos de FAISEM dejando además al libre albedrío de su gerente y demás gestores la aprobación de las medidas para disminuir el gasto y ajustarse al recorte presupuestario.
El plan de ajuste habla de recortar los gastos del personal para las entidades públicas dejando además al libre albedrío de sus gerentes y directores la aprobación de las medidas de recorte para disminuir el gasto y ajustarse al recorte presupuestario.
La postura de los sindicatos firmantes del convenio colectivo y de la representación sindical de los trabajadores en
- No es negociable la aplicación de un decreto sobre el que se ha solicitado al Defensor del Pueblo que interponga recurso de inconstitucionalidad.
- No es negociable la aplicación de un decreto que suprime derechos constitucionales y expropia el valor del trabajo.
- No es negociable la aplicación de un decreto que vulnera derechos fundamentales de los trabajadores, como la libertad sindical y el derecho a la negociación colectiva.
- En el caso específico de los trabajadores de FAISEM, es inaceptable la aplicación ilegítima y unilateral de unas medidas que NO afectan a nuestro colectivo, el cual no cuenta con los mismos derechos que los empleados públicos al no aplicársele el Estatuto Básico, que nunca se ha visto beneficiado con las mejoras de los empleados públicos ni del personal laboral de
El recorte en un 5% de los salarios en FAISEM significa disminuir retribuciones que, en su inmensa mayoría, no superan los 1.000 euros, por lo que se van a ver más afectados y en mayor medida que los trabajadores de las administraciones públicas en los que se han establecido tramos para minimizar la repercusión a los salarios más bajos.
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